Francisco Javier Pizarro Guerra, el particular al que le fue cedido un predio de 5.082 metros cuadrados por parte de la Alcaldía de Puerto Colombia, aseguró que no se ha robado ningún terreno y que todo está está dentro de la ley. 

“El predio de 5.082 metros cuadrados, identificado con matrícula inmobiliaria No. 040- 477286, fue cedido a título gratuito a mi favor mediante la Resolución No. 2017-09-11-049 del 9 de noviembre de 2017, expedida por la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia”, aseguró en un carta enviada a este medio. 

Añadió que “el acto administrativo accedió al registro inmobiliario y produjo efectos jurídicos. Por tanto, no se trató de una ocupación clandestina, una apropiación material oculta ni una transferencia carente de soporte documental”.

Argumentó que el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 establece la presunción de legalidad de los actos administrativos mientras no hayan sido anulados por un juzgado de lo Contencioso Administrativo. 

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“Las controversias sobre la naturaleza jurídica del inmueble, su destinación urbanística, la competencia de la autoridad municipal o la validez de la adjudicación deben ser decididas mediante los procedimientos legalmente establecidos. Ningún medio de comunicación puede convertir esa discusión administrativa en una condena penal”, dijo.

Añade que a la fecha no existe sentencia judicial ejecutoriada que declare que el predio fue robado o que existe alguna decisión que establezca que participó en un apoderamiento ilícito del predio. 

“Una denuncia, una investigación en curso, la opinión de un funcionario o la negativa registral de inscribir una compraventa no equivalen a una condena y no desvirtúan la presunción de inocencia”, insistió el ciudadano.

Además, explicó que si una autoridad llegara a cuestionar o invalidar el acto administrativo  “una eventual irregularidad administrativa no demostraría por sí sola la existencia de un robo ni la responsabilidad penal de su beneficiario. La responsabilidad penal es personal y sólo puede declararse con observancia del debido proceso”. 

Hay que recordar que Zona Cero tuvo acceso a la Escritura Pública 2313 en donde Francisco Javier Pizarro Guerra, el particular que 'recibió' el predio de 5.082 metros cuadrados, había acordado la venta del lote por $620 millones al Proyecto Inmobiliario Mallorquín S.A.S.

El lote fue entregado por Cementos Argos a la Alcaldía de Puerto Colombia el 6 de septiembre de 2011, mediante la Escritura Pública 2139, con la finalidad de que se construyeran zonas verdes en favor de la comunidad. 

Sin embargo, el Alcalde de Puerto Colombia de la época, Mantilla Rolong, presuntamente habría cedido en su periodo este predio al particular Francisco Javier. 

Con la afirmación de Francisco Javier Pizarro Guerra, el exAlcalde Mantilla Rolong debe aclarar si cedió el lote a título gratuito o le 'falsificaron' la firma como él lo afirmó a Atlántico en Noticias.

La respuesta de Steimer Mantilla

En conversación con Atlántico en Noticias, Steimer Mantilla afirmó que los documentos con los que fueron cedidos los precios "se presume no están cubiertos con legalidad".

"Podría confirmarte que esa no es mi firma la que aparece en esos documentos", indicó el exmandatario. 

Al ser consultado sobre el por qué nunca denunció a los medios y las autoridades la presunta falsificación de su firma, Mantilla Rolong aseguró que esas "resoluciones salieron posterior a su gobierno, 2022 y 2023, conocimos la situación con el Alcalde Wilman Vargas Altahona, y expusimos la situación". 

Por su parte, el actual alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, resaltó que la administración ha instaurado las denuncias ante la Fiscalía.

Recalcó que los predios son de uso público y no son transferibles. 

"Que caiga el que tenga que caer, pero aquí está el Alcalde defendiendo los intereses del municipio", indicó Cedeño.

Al ser consultado por la presunta falsificación de la firma de Mantilla Rolong, Cedeño indicó que la Alcaldía no puede determinar eso, sino las autoridades, y aseguró que los "lotes no están perdidos" y que están agotando todos los argumentos en ley.